TRACODA acudió ante tribunales a procurar en favor del derecho de acceso a la información
Este día se acudió ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo para procurar, en calidad de tercero beneficiario, en favor de la resolución 225-A-2018, la cual fue emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP en adelante).
Como parte de los esfuerzos de TRACODA dentro del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas (OCCCR), a finales del año 2018 se requirió a la Fiscalía General de la República (en adelante FGR) la entrega de los datos de los cobros por responsabilidades establecidas por la Corte de Cuentas de la República (CCR en adelante).
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En aquel entonces, la Fiscalía se negó a suministrar los nombres de los servidores públicos condenados a pesar de que dicha información es pública, volviendo así imposible identificar qué sentencias de la CCR se han cumplido y cuales no.
Ante la negativa, se apeló y a finales del año 2019, el IAIP ordenó la entrega de lo pedido; sin embargo, llegada la fecha límite para cumplir la resolución, la Fiscalía incumplió la orden y demandó la ilegalidad de la resolución frente a la Cámara de lo Contencioso Administrativo.
Por lo anterior, un investigador de TRACODA se mostró como parte interesada en el proceso judicial y a su vez, a través de una denuncia pidió el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de una funcionaria de la Fiscalía, misma que fue admitida la semana pasada.
La importancia de dicha información radica en que esta es necesaria para poder verificar, entre otras cosas, lo siguiente:
- Que la Fiscalía no esté favoreciendo indebidamente a algún conjunto de servidores públicos en virtud de su relevancia política o poder económico
- Que las sentencias de la CCR se cumplan ya que, de no hacerse, se fomenta la impunidad y por tanto, la corrupción, el irrespeto a la ley y el mal uso de fondos públicos
- Que los datos en poder de la Fiscalía correspondan con los registros de la CCR, garantizando así un control adecuado sobre los fondos a recuperar en favor del Estado
Interposición de un aviso de demanda
Por otra parte, procuradores de TRACODA interpusieron un aviso de demanda en contra de una resolución del IAIP en la cual se ratificó una reserva del diagrama entidad-relación (ER) y la documentación de la base de datos de un sistema informático de la FGR.
Desde finales del año pasado, TRACODA está promoviendo la fiscalización y la veeduría ciudadana sobre la tecnología en poder del Estado, especialmente en lo que refiere sistemas informáticos y bases de datos cuyo mal uso pueda derivar en afectaciones a derechos de la población.
Es por ello que se requirió documentación y el citado diagrama del Sistema de Gestión del Proceso Fiscal (SIGAF), el cual fue denegado en su oportunidad. Posterior a ello, como resultado de una apelación, el IAIP mantuvo la reserva alegando que si bien no se pudo probar un peligro inminente de vulneración del sistema – como lo alegó la FGR -, dicha información está relacionada con casos en investigación.
Esta organización es del criterio que la divulgación de un diagrama ER difícilmente entorpecerá alguna investigación y su reserva crea una zona exenta de control ciudadano, establecido así un espacio propicio para facilitar la vulneración de derechos tales como el de autodeterminación informativa y el abuso en la captación de datos de los usuarios de la FGR.
El aviso, que aún no ha sido admitido, es un paso previo a interponer una demanda, todo con la finalidad de sentar precedentes judiciales sobre la importancia de permitir a la población el acceso a la documentación de las bases de datos y los algoritmos usados por la Administración Pública, independiente de que sea la FGR o cualquier otra institución la que los utilice.
