Tecnología en mesa: una nueva oportunidad para dañar todavía más la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral
Por diferentes motivos que no vale la pena recordar, el proceso de contar y sistematizar los resultados de las votaciones legislativas en El Salvador es complicado y una fuente potencial de problemas. Así lo han demostrado los resultados de las últimas dos elecciones para elegir diputados y diputadas.
Precisamente por esos resultados -y algunas otra razones- el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió proveer a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) de tecnología en mesa, pretendiendo así facilitar el escrutinio. Y, aunque la tecnología puede ser una aliada para facilitar cualquier proceso, también puede ser una gran amenaza si no se gestiona adecuadamente.
La necesidad de capacitar
Un primer punto que vale la pena reseñar es que la introducción de cualquier componente o proceso tecnológico presupone la necesidad de capacitar a los actores involucrados, máxime si estos no poseen las habilidades o destrezas suficientes para interactuar con la misma; en el caso salvadoreño está demás decir que la deficiente formación en el uso de tecnologías, las computadoras y la brecha digital de una porción elevada de la población incrementa los requerimientos de preparación.
Si el TSE no ejecuta adecuadamente un programa de capacitación en el uso de la tecnología, esto aumenta la posibilidad de problemas vinculados a la no transmisión de resultados o retardo en la impresión de actas de escrutinio, lo cual será combustible para alimentar los discursos de fraude, como mínimo.
Una reciente nota del periódico digital El Faro ya da indicios de lo que puede acaecer y de las dificultades experimentadas. Si esto no se aborda con la urgencia debida, seguramente será un foco de problemas el día D.
Elementos para generar confianza en la tecnología
Un segundo aspecto a discutir tiene que ver con el reto que supone el generar confianza en una caja negra que la gran mayoría de la población no puede escrutar ni auditar por sí misma con solo sus cinco sentidos.
En el caso específico de la tecnología informática se requieren profesionales especializados para poder inspeccionarla y vigilarla adecuadamente; y, en el caso de las áreas de auditoría y la seguridad informática, se vuelven indispensables perfiles todavía más exclusivos en un país donde apenas el 11 % de la población aprueba 13 o más años de escolaridad (DIGESTYC, 2019).
Lograr la confianza pasa por tres aspectos esenciales: garantizar un acompañamiento amplio de actores con la capacidad suficiente para escrutar la tecnología electoral, tales como las universidades, la sociedad civil (vinculada al área tecnológica) y la cooperación internacional; diseñar y ejecutar una estrategia comunicacional adecuada para garantizar publicidad y transparencia sobre la vigilancia de la tecnología; y permitir que los partidos políticos designen a profesionales informáticos con la capacidad y la posibilidad real de fiscalizar hasta el último rincón del proceso y los componentes.
Hasta este momento, no se observa ni un amplio acompañamiento para velar por el buen uso y correcto funcionamiento de la tecnología ni la existencia de una estrategia comunicacional, o al menos no de una que esté dando resultados positivos. Es más, parece increíble que el Tribunal no se haya hecho acompañar como mínimo de universidades que poseen profesionales vinculados al área.
Todo este punto es crítico pues abre la puerta a los ataques sistemáticos de cualquier persona o entidad que desee crear incertidumbre y desconfianza en el proceso y en el TSE; basta con acusar -aún sin tener pruebas para ello- para sembrar una duda razonable ya que la gran mayoría de la población no tiene la pericia técnica informática suficiente para discernir quien dice o no la verdad.
Los planes de contingencia
Un último elemento que debe incluirse es la respuesta a la pregunta de qué hacer si todo sale mal. Idealmente, el TSE debería comunicar de forma proactiva qué acciones tiene preparadas para contrarrestar cualquier problema el día de las elecciones.
No basta con aseverar que la población puede estar confiada en que todo saldrá bien o que en nuestro sistema electoral el fraude es virtualmente imposible. Si llegada la noche hay un atraso considerable en la divulgación o si se comete algún error del calibre del ocurrido en el año 2018 en el que un “script” alteró los resultados de San Salvador, el TSE debe tener por seguro que la poca confianza que la población aún le tiene va para afuera.
El Tribunal debe maximizar los esfuerzos comunicacionales para explicar qué hará en caso de que una o varias JRV se vean incapaces de utilizar la tecnología en mesa, cómo reaccionará si hay algún problema en la transmisión de los datos, o cómo responderá ante cualquier vulneración al sistema de divulgación de datos.
Todo lo anterior tiene que hacerse con el lenguaje más claro y sencillo posible, y debe estar basado en un plan real y concreto.
El Tribunal no puede perder de vista que cualquier error afectará todavía más su credibilidad y la del proceso como tal. Al final, el llamado es al TSE a ser más transparente y a los partidos a ser más responsables con sus acusaciones: la palabras abren la puerta a la violencia y al deterioro de nuestra democracia.
Este experimento debería servir como lección al resto de instituciones estatales que introducen tecnologías para el cumplimiento de sus fines: la falta de transparencia puede degradar la credibilidad de quien las utiliza.
Este es un editorial que refleja la postura de la asociación.
