Ignorar el debido proceso crea ciudadanos de segunda categoría
La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA) expresa su rechazo a la destitución del Fiscal General de la República y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por no haberse seguido el debido proceso.
Desde TRACODA reconocemos que la población entregó una amplía y extraordinaria mayoría al bloque oficialista con la finalidad de promover una agenda de reformas profundas; sin embargo, el poder tiene límites señalados dentro de la Constitución, los cuales deben respetarse.
Nuestra Constitución establece una serie de garantías, derechos y procedimientos que aplican, sin distinción, para todas las personas que habitan el territorio salvadoreño. Y, aunque es completamente cierto que no toda la población goza de esta protección, esa no es razón para suprimirla.
La Asamblea Legislativa no puede elegir a quien sí asegurarle el debido proceso o respetarle sus derechos y a quien no, porque entonces se crean ciudadanos de “segunda categoría” a los que se les puede negar su derecho a la salud, a la vida, a la libertad de quejarse de lo que no les gusta.
Nada confirma que quienes ahora aplauden destituciones en las que no se brindó el derecho de audiencia y defensa, mañana no sean considerados personas de “segunda” a los que no valga la pena darles un juicio justo. ¿Qué certeza tendrá doña Josefina de que no será desechada como una ciudadana de segunda categoría cuando se queje por la falta permanente de agua en su colonia?
A la Sala de lo Constitucional se le pueden señalar muchas cosas, como la tardanza excesiva en admitir y resolver casos, la selectividad con la que tramita determinadas peticiones, o hasta el lenguaje y expresiones que utiliza -ignorando, por ejemplo, que el latín dejó de utilizarse hace varios siglos o que la población apenas y puede entender los textos que elaboran-.
Pero, ninguna de esas críticas validan el atropello manifiesto a todos los pasos que la Constitución establece para una remoción -disfrazada de “sustitución”-; la estabilidad que se da a los jueces frente a traslados o movimientos tiene una razón de ser: procurar mayor independencia.
Y hay que entender algo: esa garantía de estabilidad y necesidad de independencia no es en favor de los propios magistrados, sino de la población. Los jueces no pueden estar sometidos a los designios o amenazas de los diputados ni del Órgano Ejecutivo, sino exclusivamente a la ley.
No se trata de defender a Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder Camilot, o peor aún a Raúl Melara, sino a aquella protección que evita que los juzgadores entren en pánico e histeria y se plieguen a los intereses de quienes los designan o de quienes ostentan, temporalmente, el poder como delegados del pueblo.
Aunque el debido proceso, la estabilidad laboral, los altos salarios, la inmunidad y otros elementos buscan mayor autonomía, es válido cuestionarse si nuestros jueces son realmente independientes; pero, lo que sí es cierto es que sin todo eso es imposible lograr aplicadores de ley justos.
Y es precisamente por ello que desde TRACODA sostenemos que la abrupta remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional sienta un precedente terrible para la democracia salvadoreña. Estas medidas aunque sean populares hoy, no dejarán de ser inconstitucionales ni hoy ni mañana.
Sobre el Fiscal Melara
Algo parecido puede decirse del Fiscal General de la República; en cuyo caso concreto, desde TRACODA pensamos que su elección fue inconstitucional, pero una inconstitucionalidad al nombrarlo no justifica otra inconstitucionalidad para destituirlo, a todas luces violando flagrantemente el debido proceso y la garantía de independencia del Ministerio Público Fiscal.
Desde TRACODA exhortamos a que las nuevas diputadas y diputados utilicen su poder con moderación, con calma y con mesura; coincidimos en la necesidad imperante de cambiar la realidad, de aprobar leyes en beneficio de los salvadoreños y de las grandes mayorías, pero no debemos olvidar que cada paso tiene que ser en el marco del respeto a los derechos de cada habitante, en el marco del respeto a todas y cada una de las garantías consagradas en nuestra Constitución.
Estas garantías constituyen una defensa de la libertad y de los derechos de cada persona; y, si no podemos respetar los derechos del que tiene poder, mucho menos podremos esperar que se reconozcan los derechos de aquellos que no pueden hacerse escuchar por sí mismos.
