Aclaración sobre proceso sancionatorio a Fiscal General de la República
Este día (16.10.2020) se informó sobre la apertura de un procedimiento sancionatorio en contra del Fiscal General de la República, Raúl Melara Morán, relacionada a la apelación 230-A-2019.
Es importante contextualizar que en fecha 15 de octubre del año 2018, un investigador de TRACODA solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) los montos a cobrar derivados de las responsabilidades establecidas por la Corte de Cuentas, incluyendo el nombre de las personas sancionadas. En la resolución 303-UAIP-FGR-2018, que luego derivó en la apelación 225-A-2018, la Fiscalía resolvió denegar el acceso por tratarse, según ellos, de información confidencial, pues los nombres de los servidores públicos encajan en dicha categoría.
Posteriormente, ante dicha negativa, otro miembro del personal de TRACODA requirió en una solicitad muy similar, los datos del cobro de las sentencias de la Corte de Cuentas; pero, vista la negativa inicial a suministrar directamente los nombres, en esta segunda ocasión se pidió el número de expediente que la CCR asigna, ya que con dicho dato, se pueden extraer los nombres de los servidores públicos condenados en las sentencias que la Corte ya hace públicas en su página web.
Finalmente, en septiembre del 2019, la Fiscalía denegó la segunda solicitud y mediante la resolución 335-UAIP-FGR-2019, que luego derivó en la apelación 230-A-2019, especificó que los números de expediente no se entregan porque “no es posible proporcionarlo, dado que a través de dicho número puede identificarse a los intervinientes en el proceso de juicio de cuentas de los casos que la Unidad de Juicio de Cuentas y Multas tiene en proceso activo de cobro”. Es decir, la FGR denegó esta nueva solicitud porque, al igual que en la primera solicitud se hizo saber, no pueden hacerse públicos los nombres de las personas involucradas en casos activos de cobro.
La oficna de comunicaciones de la FGR informó erróneamente a los medios de comunicación que “en ningún momento se trata sobre una negativa a dar los nombres de funcionarios que no han pagado multas”, esto a pesar de que sus documentos oficiales dicen que fue precisamente esa la razón por la que no entregaron los datos pedidos.
Como ambos documentos permiten ver, lo que la Fiscalía busca impedir es que se conozca quienes tienen procesos de cobro activo y quienes tienen deudas pendientes de pagar.
Fiscalía miente al decir que no hay proceso sancionatorio
Por otra parte, la oficina de comunicaciones de la Fiscalía expresó que respecto de la resolución 225-A-2018, no se ha iniciado ningún proceso sancionatorio contra la FGR, lo cual es completamente falso.
Tal como consta en la resolución de admisión 33-D-2019, el Instituto de Acceso a la Información Público inició un proceso administrativo sancionatorio en contra de Deisi de Rodríguez Meza, directora de análisis, técnicas de investigación e información de la FGR.
La Fiscalía ha impugnado la resolución y pedido una medida cautelar en la demanda bajo referencia 00023-20-ST-COPC-CAM, presentada ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, pero hasta la fecha no hay resolución.
