El pasado miércoles 30 de junio, TRACODA junto a otras organizaciones de la sociedad civil participó en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El propósito de la audiencia fue conocer la situación actual de los derechos humanos en El Salvador, con especial énfasis para escuchar sobre la situación de la institucionalidad e independencia judicial, así como el estado de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país.
En el caso concreto de TRACODA, se informó a las personas integrantes de la CIDH sobre los retrocesos sufridos producto de criterios interpretativos restrictivos y contrarios al estándar de derecho interamericano, tanto de la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA en adelante) como del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP en adelante).
Se hizo referencia a la sentencia 21-20-RA-SCA -y su respectiva aclaración- en la que se estableció que “ningún dato personal de los empleados públicos puede divulgarse o entregarse de forma libre, al encajar en la categoría de información confidencial“, la cual se constituye en una barrera que dificulta a sobremanera investigar casos de nepotismo y nepotismo cruzado cuando quienes estén involucrados sean empleados públicos.
Además, se aludió a las reservas de información sobre datos vinculados a la pandemia por el COVID-19 y otros temas de gran relevancia social vinculados al área médica y de alimentación de la población.
Por su parte, el Estado de El Salvador no se presentó a la audiencia. Acompañaron otras organizaciones de la sociedad civil tales como el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Mesa por el Derecho a Defender los Derechos Humanos y Cristosal.
En caso de tener interés, la audiencia puede verse en el siguiente enlace: https://twitter.com/i/broadcasts/1vAxRwwzazaKl