TRACODA denunció al Fiscal General de la República por presunta violación a ley de ética
En fecha 12 de abril del año 2021, TRACODA interpuso una denuncia en contra del Fiscal General de la República, Raúl Melara Morán, por la posible transgresión del deber ético contemplado en el literal a del artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental (en adelante LEG).
De acuerdo a la denuncia, el 16 de octubre del año 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició un proceso administrativo sancionatorio (NUE 13-D-2020) en contra del Fiscal General, por presuntamente haberse negado a cumplir una orden de entregar información pedida por un integrante de TRACODA; en el documento en que se inició el proceso, el denunciado fue advertido que, en caso de ser encontrado responsable, la multa tendría que ser pagada con fondos de su propio patrimonio y no de la Fiscalía General de la República (FGR).
A pesar de lo anterior, el Fiscal Melara, presuntamente, designó a dos agentes auxiliares para que ejercieran como defensoras técnicas dentro del proceso, lo cual implica, a juicio de TRACODA, que se utilizaron recursos públicos para atender asuntos que conciernen únicamente a intereses particulares y no los fines institucionales de la FGR.
Además, en tanto que las agentes auxiliares son subordinadas del denunciado, se informó al TEG de la posible violación a la prohibición ética contemplada en el literal f del artículo seis de la LEG, disposición que dicta que no se debe “exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales“.
Dentro de la evidencia aportada, se incluyeron correos electrónicos y anexos en los que se muestra que las agentes auxiliares remitieron documentos para defender al Fiscal General en horario laboral, así como certificaciones notariales firmadas por agentes auxiliares.
Por este último punto, también se denunció ante el TEG la presunta utilización de notarias de la FGR para que certificaran documentos que no guardan relación con sus labores institucionales; TRACODA sostiene que, en este caso concreto, ya que lo que está en juego son los intereses particulares del denunciado, le correspondía a este contratar a notarios particulares y no destinar tiempo de sus subalternas para certificar firmas ni documentación.
Una versión pública de la denuncia puede encontrarse aquí: https://bit.ly/3mOZOUf y los anexos aquí: https://bit.ly/2OQBLYG
