Corte Suprema desestima petición de Fiscalía para ocultar datos de personas condenadas por Corte de Cuentas
Durante los años 2018 y 2019, investigadores de TRACODA solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre la cantidad de sentencias condenatorias emitidas por la Corte de Cuentas de la República (CCR), los nombres de las personas e instituciones responsables de pagar las responsabilidades determinadas en dichas sentencias y el estado del cobro respectivo.
Como consecuencia, se generó un largo litigio que derivó en diversas apelaciones y demandas tramitadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Cámara de lo Contencioso Administrativo y, finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Además, algunos medios informaron sobre los avances de este caso: https://gatoencerrado.news/2020/12/02/fiscalia-se-aferra-a-proteger-informacion-de-funcionarios-que-hicieron-mal-uso-de-fondos-publicos/, https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-a-la-espera-de-resoluciones-en-caso-Tracoda-20201019-0079.html y otras.
En seguimiento a la situación, colaboradores jurídicos de TRACODA participaron en enero de 2022 en una audiencia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, la cual notificó el primer fallo relacionado a esta causa: la FGR está obligada a entregar los nombres de las personas condenadas y obligadas a pagar responsabilidades administrativas y patrimoniales.
La Fiscalía centró parte de sus alegatos en lo resuelto por la anterior Sala de lo Contencioso Administrativo en la sentencia 21-20-RA-SCA, estableciendo que aquél precedente -en el que se dijo que no deben entregarse datos personales de los empleados públicos de la Fiscalía- era aplicable a este nuevo caso.
Sin embargo, la Sala explicó en esta nueva sentencia que dicho pronunciamiento -el de la sentencia 21-20-RA-SCA- no tiene el “alcance de blindar de forma completa, irreflexiva y automática toda solicitud de datos personales de los empleados públicos. El precedente en mención se emitió en el supuesto concreto de empleados y funcionarios de la FGR”.
Por último, la Sala explicó que la información solicitada por el investigador de TRACODA “aunque se trata de datos personales, es de carácter público por la naturaleza de los juicios de cuenta que se tramitan ante la CCR; y procede su entrega”.
Con este nuevo precedente legal, desde TRACODA se espera facilitar la fiscalización de las actuaciones de las anteriores Fiscalías en su labor de recuperar los fondos públicos mal utilizados.
